Por Carina Marques Bertinatti
Docente, investigadora, directora de la Maestría en Administración de Empresas de Universidad Siglo 21.
La pandemia de Covid-19 cambió nuestras vidas y la manera de pensar y actuar de las organizaciones, tanto gubernamentales como privadas. Los gobiernos y administraciones públicas tomaron plena conciencia de la naturaleza inestable, volátil, incierta y compleja del contexto en el cual debían formularse e implementarse las políticas públicas. El modelo tradicional de gestión de tales políticas se tornó prácticamente obsoleto, ya que los tiempos de planificación se redujeron drásticamente y fue necesario, en la mayoría de los casos, dar paso a la acción de manera temprana e ir ajustando y evolucionando sobre la marcha.
En este escenario particularmente desafiante, cada vez más se necesitan enfoques de diseño y gestión tolerantes a cambios, cobrando especial importancia las “metodologías y marcos ágiles”, que hasta el momento han mostrado ser eficaces en ámbitos privados y que actualmente están extendiendo su aplicación al sector público.
Existen diferentes informes e investigaciones que dan cuenta del desembarco de la agilidad en las organizaciones públicas, iniciando así una probable transformación gubernamental que promueve, según reviste el Banco Mundial, “nuevas formas de trabajo veloces y ágiles que ponen a las personas al frente, ya sean empleados, usuarios o gestores de políticas públicas”.
Solo por citar un ejemplo, un estudio de la consultora BCG que involucra a 23 instituciones del sector público en Australia, Alemania, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, reveló una notable adopción de la agilidad principalmente en áreas de IT, en el diseño de políticas públicas y en la prestación de servicios públicos, mostrando resultados como el aumento de hasta un 50% en la velocidad de entrega y la mejora de hasta un 25% en la satisfacción ciudadana.
Según Agile Alliance, “ágil es la capacidad de crear y responder al cambio. Es una forma de lidiar con un entorno incierto y turbulento y, en última instancia, de tener éxito en él”. Adaptado al sector público, la agilidad es la capacidad de dar respuesta a las necesidades y problemas públicos cambiantes de manera efectiva, en entornos volátiles e inciertos.
En términos simplificados, aplicar agilidad a la gestión de políticas públicas implica:
Participación ciudadana en el nivel de colaboración: con carácter vinculante, permitiendo al ciudadano formar parte de la toma de decisiones junto al gobierno.
Planificación adaptativa y respuesta al cambio: planes generales que se ajustan iterativamente.
Iteración, retroalimentación y mejora continua: convocando a la ciudadanía como destinataria activa en el proceso.
Entregas incrementales de valor público: mediante ciclos de trabajo cortos (sprints) que permiten resultados tempranos.
Estructuras flexibles y equipos autónomos: priorizando estructuras horizontales, multifuncionales y empoderadas, con capacidad de experimentar y equivocarse.
Como toda transformación, este cambio conlleva desafíos. Supone un cambio de mentalidad (agile mindset) y cultural, en contraposición a la burocracia tradicional. Sin embargo, como ocurrió con el paradigma del Gobierno Abierto, que promovió transparencia, participación y colaboración, la agilidad puede encontrar un terreno fértil si se implementa de forma consistente y alineada.
Finalmente, como postula Graglia:
“En política, innovar es diseñar y gestionar políticas que busquen el bien común, la satisfacción social y la aceptación ciudadana”.
Esto requiere repensar cómo las políticas públicas pueden lograr esos objetivos en entornos VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad), y frente a ciudadanos más exigentes. En este marco, la agilidad se presenta como una oportunidad transformadora, al proponer un enfoque adaptable, colaborativo, que responde al cambio y entrega valor público de forma continua.