Por Damián Martínez López
Abogado- Magister en Derecho procesal- Doctorando en Derecho y ciencias sociales
Primer egresado de la Maestría en Criminología y Ciencias Forenses
Universidad Siglo 21
En el marco de los debates contemporáneos sobre política criminal, resulta cada vez más evidente que el sistema penitenciario enfrenta una tensión estructural entre su función punitiva y su finalidad resocializadora. En Argentina, este principio no es meramente teórico: se encuentra expresamente reconocido en la Ley 24.660, que establece que la ejecución de la pena debe orientarse a la reinserción social del condenado.
Sin embargo, la evidencia empírica muestra que este objetivo dista de cumplirse de manera efectiva.
Un sistema en tensión
Diversos informes oficiales dan cuenta de un crecimiento sostenido de la población carcelaria. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en 2024 Argentina superó las 120.000 personas privadas de libertad, con un incremento anual del 7,8%. A esto se suma que solo el 60,4% cuenta con condena firme.
Este escenario de sobrepoblación impacta directamente en las condiciones de detención, generando hacinamiento, limitaciones en el acceso a educación y trabajo, y dificultades para garantizar estándares mínimos de dignidad.
Tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones de encierro que vulneran la integridad personal pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado.
Neurociencias: evidencia para una intervención más eficaz
En este contexto, las neurociencias emergen como un campo de conocimiento estratégico para el diseño de políticas penitenciarias basadas en evidencia.
Estudios contemporáneos (Raine, 2013; Damasio, 1994) han demostrado que factores como la regulación emocional, la toma de decisiones y el control de impulsos poseen una base neurobiológica, lo que permite comprender el comportamiento delictivo desde una perspectiva más compleja e integral.
Desde esta mirada, el delito deja de ser interpretado exclusivamente como una infracción normativa para ser analizado también como el resultado de múltiples variables cognitivas, sociales y ambientales.
Esto habilita el desarrollo de programas de intervención más eficaces, orientados no solo a sancionar, sino a modificar conductas y reducir la reincidencia.
Derechos humanos y rehabilitación: una relación inseparable
Un hallazgo central de la investigación es que no puede existir un proceso real de resocialización en contextos donde se vulneran derechos fundamentales.
Las condiciones de encierro adversas afectan directamente las capacidades cognitivas y emocionales de las personas privadas de libertad, limitando la efectividad de cualquier intervención. En este sentido, el respeto por la dignidad humana no constituye únicamente una obligación jurídica, sino también una condición necesaria para la rehabilitación.
Como sostiene la doctrina penal contemporánea, un sistema que no garantiza derechos no solo es ilegítimo, sino también ineficaz.
Hacia una política criminal basada en evidencia
La incorporación de enfoques neurocientíficos en el sistema penitenciario no implica reemplazar el derecho por la ciencia, sino enriquecer las decisiones públicas con conocimiento empírico.
Esto supone avanzar hacia:
Tal como se desprende de esta investigación, el desafío no es menor: requiere voluntad política, inversión institucional y un cambio de paradigma en la concepción de la pena.
Conocimiento que transforma
En esa línea, mi trabajo final de maestría desarrollado en Universidad Siglo 21 analizó el impacto de la incorporación de enfoques neurocientíficos en el tratamiento penitenciario en la provincia de Córdoba entre 2014 y 2024. El estudio identificó una brecha significativa entre el diseño normativo y su implementación real, atravesada por limitaciones estructurales, institucionales y socioeconómicas.
La formación de posgrado en la Universidad Siglo 21 promueve precisamente este tipo de enfoques interdisciplinarios, donde el derecho dialoga con la ciencia para generar soluciones innovadoras a problemas complejos.
Ser el primer egresado de la Maestría en Criminología y Ciencias Forenses representa, en este sentido, no solo un hito académico, sino también un compromiso con la producción de conocimiento aplicado a la transformación social.
Porque comprender el comportamiento humano en toda su complejidad no solo mejora la justicia: la hace más humana, más eficaz y más acorde a los desafíos del siglo XXI.