Por Lorena Laprebende
Investigadora Universidad Siglo 21
En la actualidad, más de un millón de especies están en peligro de extinción, las temperaturas globales baten récords año tras año y cerca de una de cada cuatro personas en el mundo ya enfrenta escasez de agua potable.
Argentina no es ajena a esta crisis: en los últimos 25 años perdió más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, mientras que sus glaciares retroceden aceleradamente, afectando reservas clave de agua dulce. Frente a este panorama alarmante, el derecho ambiental se convierte en una herramienta central para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 con el objetivo de visibilizar los principales desafíos ambientales y fomentar la acción global en defensa de los ecosistemas. En este marco, y frente a un escenario cada vez más complejo marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos estratégicos como el agua dulce, se vuelve imprescindible revisar críticamente las herramientas legales con las que cuenta Argentina para proteger su patrimonio natural.
Entre esas herramientas se destacan dos leyes fundamentales: la Ley de Bosques Nativos (N.º 26.331) y la Ley de Glaciares (N.º 26.639). No obstante, los desafíos actuales requieren repensar su alcance a la luz de nuevos paradigmas jurídicos, sociales y ambientales.
En esta línea se enmarca el proyecto de investigación de Universidad Siglo 21 “Análisis de las leyes de presupuestos mínimos ambientales sobre bosques y glaciares a la luz de los nuevos paradigmas”. El objetivo del estudio es evaluar la efectividad de ambas normativas frente a amenazas como la deforestación, el avance de la frontera agrícola y el retroceso glaciar, que afectan la provisión de servicios ecosistémicos clave para el bienestar colectivo.
La propuesta adopta una mirada interdisciplinaria, considerando no solo los aspectos jurídicos, sino también las dimensiones sociales, económicas y ecológicas. Este enfoque está en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial aquellos vinculados al agua limpia y saneamiento (ODS 6), la acción por el clima (ODS 13), la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) y el fortalecimiento institucional (ODS 16).
El análisis parte del reconocimiento del rol estratégico de las leyes ambientales que establecen presupuestos mínimos de protección válidos para todo el territorio nacional. La Ley de Bosques, sancionada en 2007, promueve el ordenamiento territorial de los bosques nativos para garantizar su conservación y uso sostenible. La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, protege las reservas de agua dulce mediante un inventario nacional y la prohibición de actividades que comprometan glaciares y ambientes periglaciares.
La investigación incorpora, además, los nuevos paradigmas del derecho ambiental, como la justicia ambiental, la participación ciudadana, la transparencia y el enfoque ecosistémico. También pone en valor el rol de las tecnologías emergentes —como el monitoreo satelital, los sistemas de información geográfica y la justicia abierta— como herramientas para una gestión ambiental más eficaz, inclusiva y democrática.
Desde esta perspectiva, el proyecto también interpela a la ciudadanía: la protección del ambiente es una responsabilidad colectiva. Informarse, participar en los debates públicos, exigir transparencia y adoptar hábitos responsables son formas concretas de contribuir al cuidado del entorno que habitamos.
Desarrollado en el marco de la Secretaría de Investigación de Universidad Siglo 21, este estudio busca no solo analizar críticamente el estado actual de las leyes ambientales, sino también generar insumos que fortalezcan su implementación y actualización. Porque preservar lo esencial no es solo una cuestión normativa: es una responsabilidad ética e intergeneracional que nos involucra a todos.