Infancias perdidas: el impacto devastador de la trata de menores en Argentina

La situación de vulnerabilidad en las infancias de Argentina es un tema que preocupa profundamente a la sociedad. Las estadísticas revelan un panorama alarmante que exige atención y acción inmediata.

A partir del caso de Loan Peña, un niño de cinco años que habría salido con sus primos en un paraje rural de Corrientes y no volvió a aparecer, se generó un estado de incertidumbre en la sociedad por la protección de las infancias. A más de un mes de la desaparición, las hipótesis del caso crecen y se genera una preocupación mayor por los factores de protección de los niños, niñas y adolescentes del país.

Cuando transcurrían once días de la desaparición, uno de los fiscales del caso, anunció: “estamos ante un posible delito de trata de personas”, una problemática que no está del todo presente en las conversaciones en cuanto a la seguridad de nuestro país. Pero este caso ha logrado poner en evidencia y abrir las puertas a la conversación.

La Fundación María de los Ángeles, especializada en la lucha contra la trata de personas, reporta que el 60% de las víctimas de trata en Argentina son menores de edad y al mismo tiempo la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia destaca que cada año cientos de niños y niñas son víctimas de explotación sexual y laboral.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trata de menores de edad? Esta problemática no solo implica explotación sexual, sino también trabajo forzado, mendicidad y otras formas de explotación. Las infancias son tratadas como mercancía y su bienestar físico y emocional es completamente ignorado.

Esto deja cicatrices profundas y duraderas para el resto de sus vidas. La explotación infantil no solo roba la infancia de estos menores de edad, sino también perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad.

La falta de educación, la normalización de la violencia y el abuso juegan un papel crucial para la trata de personas. En muchas ocasiones, los derechos de los niños, niñas y adolescentes no son plenamente comprendidos o respetados, y la explotación puede ser vista como un mal necesario o incluso como una oportunidad.

La comprensión de los derechos además de relacionarse con la educación de las personas menores de edad, también conlleva a una formación de los grupos primarios que los rodean. Esto se debe a que el entorno inmediato de estas infancias tiene un impacto significativo en su desarrollo y en la manera en que entiende y ejerce sus derechos.

Se puede pensar a la familia como una “institución”, la primera fuente de información y de perspectiva en la que un niño o niña conoce el mundo. Esta institución actúa como el primer entorno de aprendizaje donde se desarrollan habilidades sociales, emocionales y cognitivas cruciales. Este contexto familiar inicial influye profundamente en cómo las personas menores de edad comprenden sus derechos, la forma en que interactúan con su entorno y cómo responden a experiencias futuras.

Cuando esta semilla se ve afectada por la violencia o simplemente por la desinformación del funcionamiento y el rol de los derechos, las relaciones interpersonales, el pensamiento y la expresión propia del conocimiento el ámbito en el que el menor de edad vive se ve vulnerado, poniendo en riesgo su desarrollo integral y su capacidad para formar relaciones saludables y participar plenamente en la sociedad.

Infancias perdidas: el rol del Estado

El Estado tiene la responsabilidad de proteger a las infancias, pero en muchos casos, la corrupción y la ineficacia institucional permiten que la trata prospere. Las leyes existen, pero su implementación y el seguimiento son deficientes. Además, hay una falta de recursos y capacitación en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial para abordar esta problemática de manera efectiva.

De acuerdo con los datos oficiales, de las 812 denuncias por trata de personas realizadas en lo que va de este año, 121 fueron por explotación laboral o sexual de niños, niñas o adolescentes, y por material de abuso sexual contra menores de edad.

Está claro que la prevención está en decadencia en el sistema argentino, y sin importar los esfuerzos de los distintos actores de la sociedad la problemática va en aumento, según demostraron las estadísticas de la Línea 145. Este número telefónico funciona en marco del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas.

La protección, rehabilitación y posvención de las víctimas es otra área crítica en la que el Estado debe actuar con diligencia. En el 2023, se lograron rescatar 1609 personas que estaban en una red de trata, de las cuales 73 de ellas eran menores de edad, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los niños y niñas rescatados de éstas situaciones necesitan un sistema integral de apoyo que incluya asistencia legal, psicológica y social. Este apoyo es esencial para su recuperación y reintegración en la sociedad. A menudo estos escenarios ponen en riesgo los factores de protección de los niños, niñas y adolescentes, no logrando reconstruir lo que debió haber sido su período más importante de formación. Sin embargo, los recursos destinados a estos servicios suelen ser insuficientes y no están adecuadamente distribuidos, lo que deja a muchas víctimas sin el apoyo necesario para superar su trauma y reconstruir sus vidas.

Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad de manera efectiva, implementando y reforzando las leyes existentes, y proporcionando los recursos necesarios para la prevención, protección y rehabilitación de las víctimas. La educación sobre los derechos de las infancias debe extenderse a todos los grupos primarios que los rodean, ya que un entorno informado y consciente es fundamental para la prevención de la explotación.

Si tenés que denunciar un posible caso de trata de personas se puede contactar con la Secretaría de Asistencia y Prevención de Trata de Personas de Córdoba al 0810 888 3368 (horario de atención de 8 a 20 horas).