Memoria histórica: un pilar para la democracia y la investigación

Cada 24 de marzo, Argentina conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para rememorar el golpe de Estado cívico-militar de 1976 y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que marcaron aquel período. Esta fecha no solo invita a la reflexión sobre una de las épocas más oscuras de la historia nacional, sino que también resalta el papel fundamental que juega la memoria histórica en la consolidación de sociedades democráticas.

**Pero ¿qué entendemos por memoria histórica? **

No se trata solo de recordar el pasado, sino de reconstruirlo, analizarlo críticamente y generar conocimiento basado en evidencia. En este proceso, la investigación académica desempeña un rol central, proporcionando rigurosidad metodológica, análisis interdisciplinarios y acceso a fuentes verificadas que contribuyen a contrarrestar la desinformación, los discursos negacionistas y la banalización de los crímenes de lesa humanidad.

Desde la academia, disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, el derecho, la comunicación y la ciencia política han abordado el estudio del terrorismo de Estado y sus consecuencias. Estas investigaciones han permitido no solo documentar hechos, sino también comprender sus causas, impactos y mecanismos de resistencia social.

En Argentina, organismos como el CONICET, universidades privadas y nacionales y centros de investigación han desempeñado un papel clave en la recuperación y análisis de archivos de la dictadura, la identificación de responsables, el impacto psicosocial de la represión y los procesos de transmisión intergeneracional de la memoria. El acceso a la verdad histórica no es un ejercicio del pasado, sino una herramienta para fortalecer el presente y proyectar un futuro democrático.

El compromiso de la ciencia con la memoria también ha sido crucial en la consolidación de la justicia transicional, un modelo que Argentina ha desarrollado de manera ejemplar a nivel mundial. Los juicios por crímenes de lesa humanidad, basados en pruebas documentales, testimoniales y pericias científicas, han sido posibles gracias al trabajo de investigadores y profesionales que han aportado análisis fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y la reparación de las víctimas.

En este camino de memoria, verdad y justicia, el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha sido fundamental. Este grupo de expertos ha trabajado incansablemente en la identificación de víctimas de desaparición forzada, utilizando metodologías científicas rigurosas y técnicas de vanguardia. Su labor no sólo ha permitido devolver la identidad a cientos de personas desaparecidas, sino también ha proporcionado pruebas esenciales en los procesos judiciales contra los responsables del terrorismo de Estado.

Su compromiso con la verdad y la ciencia los ha posicionado como referentes a nivel mundial en la investigación forense de violaciones a los derechos humanos. Han colaborado en diversos países, contribuyendo a la identificación de víctimas en conflictos y dictaduras, y su trabajo sigue siendo ejemplo de ética profesional y humanidad.

Si bien se ha avanzado significativamente en la reconstrucción de la memoria histórica y la persecución de delitos de lesa humanidad, aún persisten desafíos. La digitalización y acceso a archivos, la educación en derechos humanos en contextos digitales, la lucha contra la desinformación y el surgimiento de discursos negacionistas en redes sociales exigen nuevas estrategias de investigación y divulgación científica.

En este sentido, las universidades no solo deben producir conocimiento, sino también trabajar activamente en su difusión, promoviendo una ciencia comprometida con la memoria y los derechos humanos. La memoria es un proceso dinámico, un campo de estudio en constante evolución que requiere del compromiso continuo de la sociedad y de la comunidad académica.

En este 24 de marzo, recordar no es solo un acto simbólico, sino un ejercicio de responsabilidad colectiva. La memoria es un derecho y, al mismo tiempo, una construcción social que demanda investigación rigurosa, educación y políticas públicas sólidas. La ciencia, con su capacidad de analizar, documentar y contextualizar, tiene la responsabilidad de seguir profundizando en el estudio del pasado para garantizar un futuro basado en la verdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Recordar es un acto de resistencia. Investigar, un compromiso con la democracia.