Diversidad bajo presión: Desafíos en el ámbito universitario a reforzar en este Día del Orgullo.

A nivel global, la comunidad LGBTIQ+ enfrenta una realidad diferente según los países y regiones, y actualmente, se están dando importantes cambios. Mientras algunos países siguen avanzando en el reconocimiento de derechos, otros retroceden o intensifican la persecución. Según el informe 2024 de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), más de 60 países aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, y en al menos una decena, estas pueden ser penadas con la muerte. Paralelamente, desde la pandemia viene creciendo la violencia contra personas trans y no binarias, alimentada por discursos de odio en redes sociales, medios y desde ciertos sectores políticos. 

Referentes de la cultura, el espectáculo y de los negocios alzan su voz para ayudar a tomar conciencia de los desafíos cotidianos que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+ para llevar adelante su día a día, sus proyectos laborales o familiares, o para transitar libremente en las calles o trasladarse de un país a otro. Pero estos últimos años, también tomaron notoriedad voces que expresan ideas y opiniones que parecían que habían quedado atrás, o al menos ya eran consideradas en lo público como “políticamente incorrectas”. 

Nuestro país no es ajeno a esta tendencia que pone en alerta a quienes trabajan activamente en la promoción de los derechos de esta comunidad. También es cierto, que América Latina en las últimas décadas ha mostrado avances importantes en varios de sus países. En esta línea, Argentina se posiciona como un referente regional en materia de derechos LGBTIQ+, destacándose por leyes pioneras como la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Género (2012), y más recientemente, por la implementación de políticas como el cupo laboral travesti-trans en el sector público y los programas para el acceso a la vivienda y la educación, cuestiones que son claves para la plena inclusión.  

Sin embargo, más allá de los cambios legislativos, los desafíos siguen siendo significativos: los crímenes de odio, la exclusión estructural, y la precariedad laboral persisten, especialmente para las personas trans, cuya expectativa de vida sigue siendo dramáticamente baja (entre 35 y 40 años). 

Problemáticas clave en las universidades 

El ámbito universitario debería ser un espacio de inclusión, diversidad y pensamiento crítico, pero la realidad muchas veces contradice ese ideal. En Argentina, si bien algunas universidades han adoptado protocolos de identidad de género, lenguaje inclusivo y políticas contra la discriminación, los desafíos aún son múltiples. Podemos enumerar algunos de los más importantes. 

Violencia y discriminación institucional: muchas personas LGBTIQ+ sufren microagresiones, burlas o exclusión por parte de docentes, personal administrativo o estudiantes. En el caso de las personas trans, es frecuente el uso incorrecto de nombres o pronombres, lo que constituye una forma de violencia simbólica. 

Según el Primer Relevamiento de la Condición Sexual y Genérica en la Argentina (2023), del total de las personas encuestadas que asistían al momento del estudio a instituciones de algún nivel educativo, el 16,7% señaló haber sido agredida o discriminada por los profesores, directivos o personal del establecimiento. En el caso de las personas que se identificaron como mujeres travestis/trans, feminidades o no binaries, el porcentaje asciende al 26%, y a 4 de cada 10 cuando se trata varones o masculinidades trans. Por otro lado, el 20% afirmó haber recibido agresiones de sus compañeros de estudio.  

Estos datos dan cuenta de la necesidad de abordar esta problemática en la formación de los cuadros docentes y de quienes trabajan en todos los niveles jerárquicos de las instituciones educativas, de cara a la prevención y abordaje de estas situaciones, como así también en las aulas, tanto presenciales como virtuales, dado el fuerte incremento de la violencia en línea. 

Falta de representación: hay una escasa presencia de personas LGBTIQ+ en cargos de decisión, cátedras, equipos de investigación o centros de estudiantes. Esto se traduce en la falta de referentes visibles y en una menor capacidad de incidir en la agenda institucional. 

En este caso, también las personas trans son las más afectadas según el citado estudio, en tanto sólo un 23,3% de las personas que se identifican como transfemeninas y el 21,1% de las transmasculinas son profesionales, mientras que el porcentaje es del 49,8% en el caso de las que se identifican como gays y del 44,2% cuando declaran ser lesbianas.  

Por estos motivos, la educación tiene una responsabilidad central en garantizar la empleabilidad sobre todo de las personas del colectivo que están en situación de mayor vulnerabilidad. La falta de acceso a la educación y oportunidades de empleo, explica también en gran medida que alrededor de la mitad de las personas que se identificaron como mujeres trans señalan haber realizado trabajo sexual alguna vez en su vida. Según el Informe sobre la situación de las personas trans en Argentina, publicado por Fundación Huésped y ATTTA en 2014, el 70% de las mujeres trans señala que abandonó la escuela secundaria debido a las situaciones de discriminación vividas, a lo que se sumaría factores tales como el tener que abandonar el hogar por la no aceptación familiar de su género.   

En este aspecto, la formación universitaria de especialistas capaces de acompañar estos procesos desde la institución educativa en función de lograr la retención y contribuir a una mayor aceptación en el entorno familiar es clave, como así también la incorporación de herramientas para el abordaje de estos casos por parte del personal, especialmente en el caso de los cuadros directivos y los equipos docente. 

Burocracias que excluyen: los sistemas administrativos universitarios muchas veces no contemplan identidades no binarias o nombres sociales. Esto genera obstáculos al realizar inscripciones, rendir exámenes, obtener títulos o acceder a becas. 

En nuestro país, la Ley 26.743 de Identidad de Género establece que cualquier persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida, y que, si la persona no realizó el cambio del nombre en el DNI, tiene derecho a que la llamen por su nombre autopercibido, es decir, a utilizar un nombre de pila distinto al consignado en su DNI, y que, si así lo requieren, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.  

No obstante, a más de diez años de la ley, el cumplimiento de esto es muy bajo. Por desconocimiento en algunos casos, y en otros, alegando la dificultad del cambio a nivel tecnológico u administrativo. 

Contenidos curriculares cis-heteronormados: la mayoría de las carreras no incluye una perspectiva crítica sobre género y diversidad, reproduciendo estereotipos y omitiendo las contribuciones de personas LGBTIQ+ en distintas disciplinas. 

El cumplimiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) del 2006, establece el derecho de todos los estudiantes a recibir educación sexual en las escuelas, tanto públicas como privadas, de todos los niveles educativos, sigue siendo un deuda pendiente y generando importantes controversias. Como aspecto positivo, varias universidades han adoptado la Ley Micaela (Ley 27.499/2018), que si bien su foco está en la prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres, incluye la formación en los marcos teóricos centrales en temas de género. Esto a ayudado una mayor concientización de qué implica la igualdad de género, y cuáles son las problemáticas centrales que no deberían soslayarse para ayudar a cerrar las brechas y crear una sociedad más inclusiva. 

Desigualdad en el acceso y permanencia: Las personas travestis y trans, en particular, como señalábamos, enfrentan mayores barreras para ingresar, permanecer y egresar del sistema universitario, debido a trayectorias educativas fragmentadas, falta de redes de apoyo y condiciones materiales adversas.  

Por tal motivo, es fundamental el involucramiento de las universidades en generar conocimiento sobre esta problemática de manera consistente, involucrarse en el desarrollo de políticas y acciones que contribuyan a cambiar esta realidad, y concientizar sobre la importancia del cambio y los pasos a seguir desde diferentes ámbitos para lograrlo.  

En este punto, el trabajo con las organizaciones del sector civil que vienen impulsando esta agenda, junto con los estados, los organismos internacionales, las empresas y los medios de comunicación, es clave, sobre todo desde la generación de datos y conocimiento confiable para la toma de decisiones y la transformación cultural. 

Hacia una universidad verdaderamente inclusiva 

El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, recuerda la agitada noche en Stonewall, en el verano de 1969, en la cual la policía irrumpió, como hacía habitualmente, para sacar a la calle y llevarse presos a Drag Queens, mujeres lesbianas, hombres gays y personas transgénero. Pero esa noche caótica, por primera vez, se revelaron, obligando a la policía a esconderse, a encerrarse como debían hacerlo en lo cotidiano por su disidencia sexual. 

Cuentan que un adolescente esa noche tenía en su bolsillo una tiza y que escribió en el asfalto "Mañana por la noche en Stonewall". Esa cita cambió la historia, poniendo en primer plano la larga lucha que como colectivo venían recorriendo, y contribuyó a importantes cambios en nuestra sociedad. 

En épocas en que no había celulares, ni redes sociales, una tiza representa cómo podemos cambiar el mundo desde nuestro metro cuadrado. La tiza creo que fue, y sigue siendo a nivel simbólico, el instrumento central de las transformaciones necesarias para generar sociedades más justas y prósperas en estos últimos siglos. 

Las instituciones de educación superior ya no se manejan cotidianamente con las tizas y pizarrones, pero siguen manteniendo intacto ese propósito de transformación.  

El respeto a la diversidad en todas su formas, y la inclusión de los grupos en desventaja, debe respirarse en cada rincón, a través de la implementación de políticas institucionales con enfoque de derechos y perspectiva interseccional.  

En el caso de las personas del colectivo LGTBIQ+, algunas acciones prioritarias a desarrollar en las universidades son las siguientes: 

• Garantizar la implementación efectiva del nombre autopercibido en todos los sistemas universitarios. 

• Diseñar protocolos contra la discriminación y la violencia por orientación sexual o identidad de género, con canales de denuncia claros y seguros. 

• Promover el ingreso y permanencia de personas travestis y trans a través de programas de becas, tutorías, formación laboral y mentoring. 

• Incorporar la educación sexual integral y la perspectiva de género en los planes de estudio de todas las carreras. 

• Fomentar espacios de participación y representación de estudiantes, docentes y no docentes LGBTIQ+, para contribuir a su empoderamiento y acelerar el cambio.

   

Las universidades no son ajenas a los desafíos sociales. Tienen hoy más que nunca la responsabilidad y la oportunidad de liderar procesos de transformación hacia sociedades más justas, diversas y equitativas.  

Que las aulas sean espacios seguros para todos los cuerpos y todas las identidades no es solo un derecho de quienes estudian y trabajan en ellas; es una condición indispensable para que la educación tenga su más profundo sentido: el de ayudar a que cada ser humano desarrolle aquello que lo hace único, potenciando su huella en el camino que decida recorrer no sólo en lo profesional, sino en todos los órdenes de la vida.