Córdoba se prepara para un cambio histórico en la Justicia federal

Por Nicolás Macchione

Magíster en Criminología; especialista en reforma judicial; director del Instituto de Seguridad y Criminología de Insight21 y de la Especialización en Políticas Públicas en materia de Seguridad y Criminología de Universidad Siglo 21

A partir del 15 de junio, la Justicia federal en Córdoba comenzará a transitar una transformación profunda en su forma de investigar, juzgar y resolver conflictos. Se trata de la implementación del sistema adversarial, un modelo que busca dejar atrás prácticas asociadas a la lentitud, la burocracia y la centralidad del expediente escrito, para avanzar hacia un esquema más ágil, oral y transparente.

En términos simples, el sistema adversarial propone un cambio de lógica: ya no será el juez quien conduzca la investigación, sino que ese rol recaerá en los fiscales. De este modo, el proceso se estructura como un “contrapunto” entre las partes —fiscalía y defensa—, mientras que el juez asume una función, enfocada en controlar la legalidad de los actos, garantizar derechos, resolver planteos y tomar decisiones.

Este modelo ya funciona en distintas jurisdicciones del país y se alinea con estándares internacionales que priorizan la oralidad, la inmediatez y la transparencia. Las audiencias pasan a ocupar un lugar central: es allí donde se presentan las pruebas, se debaten los argumentos y se toman decisiones en tiempo real. Esto no solo acelera los procesos, sino que también permite una mayor participación de la ciudadanía.

Uno de los principales cambios es el abandono del sistema escriturario tradicional, caracterizado por expedientes extensos, tiempos prolongados y múltiples actuaciones incidentales. En su lugar, el nuevo esquema apunta a reducir la duración de los procesos y mejorar la calidad de las respuestas judiciales, no solo en términos de rapidez, sino también de efectividad.

En este contexto, surge una pregunta clave: ¿cómo se reorganiza el funcionamiento interno de los tribunales y cuál será el rol de los jueces en este nuevo escenario?

El cambio más significativo se vincula con la creación de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), una herramienta central en el nuevo modelo. Su implementación marca una transformación estructural: por primera vez, se separan de manera clara las funciones jurisdiccionales —es decir, juzgar y decidir— de las tareas administrativas y logísticas.

Durante años, los jueces no solo debían investigar, analizar causas y dictar sentencias, sino también ocuparse de cuestiones operativas como coordinar agendas, gestionar notificaciones o resolver problemas técnicos. Esta sobrecarga impactaba directamente en el tiempo y la calidad de las decisiones judiciales.

Con la incorporación de la OGA, las tareas administrativas y de gestión pasan a manos de equipos especializados. La oficina se encarga de organizar las audiencias, optimizar el uso de las salas, coordinar la presencia de las partes, gestionar notificaciones y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos, incluyendo el registro audiovisual de cada instancia.

Este cambio no es menor: permite que los jueces se concentren en su función principal —resolver conflictos—, mientras que la gestión del proceso se profesionaliza. A su vez, la centralidad de las audiencias favorece el cumplimiento de las formalidades procesales y evita la delegación de funciones, un aspecto clave para garantizar transparencia e inmediatez.

La eficiencia, en este nuevo esquema, no se mide únicamente por la velocidad, sino por la calidad de las respuestas. Cuando una audiencia se realiza en tiempo y forma, aumentan las posibilidades de alcanzar acuerdos, se promueve el diálogo entre las partes y se reducen los tiempos de litigio, evitando años de espera.

Sin embargo, la implementación del sistema no está exenta de desafíos. Uno de los principales riesgos es la fragmentación excesiva de la gestión. La creación de múltiples oficinas independientes podría generar inconsistencias, duplicación de recursos y conflictos de coordinación.

Por eso, uno de los puntos clave será avanzar hacia un modelo de gestión unificado, con especialización funcional pero criterios comunes. La eficiencia no dependerá de la cantidad de oficinas, sino de la capacidad del sistema para funcionar de manera integrada y coherente.

En este sentido, la OGA también abre la puerta a una mejora sustancial en la producción de datos. Al centralizar la gestión, será posible identificar cuellos de botella, medir tiempos reales y tomar decisiones basadas en evidencia. Esto representa un cambio cultural: pasar de una justicia que reacciona por intuición a una que planifica a partir de información concreta.

La transparencia que se desprende de este proceso puede fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, al mostrar un sistema que respeta el tiempo y los recursos de las personas.

Estamos, en definitiva, ante una oportunidad histórica para la Justicia. La transición de un modelo predominantemente escrito y lento hacia uno oral, dinámico y gestionado de manera profesional marca un antes y un después en la forma de entender y administrar los conflictos.

Aunque todavía no se han explicitado en detalle todas las definiciones operativas desde el ámbito judicial, el desafío será que los distintos actores del sistema asuman el compromiso de aprovechar estas herramientas para construir una justicia más accesible, eficiente y cercana a la sociedad. Si esto se logra, el nuevo sistema adversarial no solo implicará un cambio técnico, sino también un paso significativo hacia toma de decisiones en procesos eficaces, transparentes y con mayor participación de las partes en el proceso.