Coordinador de parentalidad en familias judicializadas
En Argentina, los conflictos familiares derivados de separaciones y divorcios representan uno de los principales motivos de judicialización en los Tribunales de Familia. Las disputas por el cuidado personal, el régimen de comunicación y las decisiones cotidianas sobre la crianza suelen convertirse en procesos largos, complejos y emocionalmente desgastantes. En este escenario, niñas, niños y adolescentes resultan los más afectados por una dinámica en la que los acuerdos quedan supeditados a decisiones judiciales que, en muchos casos, no logran resolver de manera integral las necesidades de la vida familiar.
Frente a esta realidad, en Río Cuarto (Córdoba) se estudia la incorporación de una figura innovadora: el coordinador de parentalidad. Este rol busca transformar el conflicto en acuerdos sostenibles, priorizando siempre el bienestar de los hijos e hijas en el marco de procesos judicializados.
Trabajar con familias en situación de litigio supone un gran reto. Para reducir la escalada del conflicto y promover acuerdos duraderos, se requieren herramientas específicas y un abordaje interdisciplinario en el que cada profesión aporte sus saberes.
En la sede Río Cuarto de la Universidad Siglo 21, un equipo interdisciplinario de investigación analiza la implementación de esta figura. Psicólogos y estudiantes avanzadas del equipo de Terapia de Revinculación y Coparentalidad trabajan en conjunto con abogadas de Tribunales de Familia, generando un espacio de articulación psico-socio-jurídico orientado a nuevas prácticas de diálogo y soluciones innovadoras.
La experiencia indica que, cuando uno de los progenitores solicita un proceso de revinculación, el conflicto tiende a intensificarse al judicializarse. En estas circunstancias, las partes pierden autonomía en las decisiones cotidianas y dependen de intervenciones terapéuticas o jurídicas.
Las terapias de revinculación, si bien resultan valiosas, tienen como obstáculo su carácter voluntario, que suele interrumpir su continuidad. Por otra parte, los recursos judiciales suelen ser limitados y lentos, lo que a veces termina agravando la dinámica familiar.
Por eso, el equipo resalta la importancia de estrategias preventivas que acompañen a las familias desde el inicio de los procesos de separación o divorcio. En este sentido, se implementó una prueba piloto del programa alemán Kinder im Blick (KiB), adaptado a la población argentina. Esta iniciativa psicoeducativa busca que madres y padres separados prioricen el bienestar de sus hijos por encima del conflicto posconyugal. Los resultados de esta experiencia se encuentran actualmente en evaluación.
En este contexto, la figura del coordinador de parentalidad aparece como una intervención intermedia que complementa la labor judicial y terapéutica. Se trata de un profesional de la salud mental o del derecho —con formación en mediación familiar y específicamente en coordinación de parentalidad— que acompaña a familias altamente conflictivas en la implementación de su plan de parentalidad.
Su tarea consiste en traducir decisiones judiciales en pautas prácticas para la vida diaria, facilitar acuerdos, gestionar conflictos y reducir el impacto del litigio en la vida familiar.
Resultados y proyecciones
La investigación realizada hasta el momento muestra datos alentadores: reducción de la conflictividad, acuerdos más previsibles y mejora en la estabilidad familiar. Sin embargo, aún persiste el desafío de establecer con claridad la formación, alcance y legitimidad de este rol dentro del sistema judicial y terapéutico.
De este modo, la propuesta no solo busca mejorar la dinámica familiar, sino también contribuir a la paz social y al bienestar comunitario, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
El compromiso de este trabajo es abrir espacios de diálogo y acompañamiento que devuelvan a las familias, y especialmente a los niños, la posibilidad de crecer en entornos más saludables y con menos conflicto
