Día Internacional de las Personas con Discapacidad: no dejar a nadie atrás

En el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo fundante es, no sólo visibilizar y concientizar sobre la situación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural, sino promover sus derechos y bienestar, lo cual trasciende una mera fecha de calendario.

Si pensamos en retrospectiva, la mirada sobre la discapacidad y quienes experimentan alguna condición discapacitante, se fue transformando conforme a la evolución social, pero particularmente, a partir de la participación activa de las personas con discapacidad en la definición de sus propios derechos y necesidades. Así pasamos de modelos que consideraban las diferencias físicas, sociales, intelectuales y psicosociales como objeto de aislamiento y exclusión, a modelos que apuntaban a la curación de la discapacidad (con la consecuente experimentación sobre las personas que la “padecían”), y posteriormente, a una mirada de integración segregativa que dio paso al concepto de inclusión, cuando efectivamente se empezaron a considerar los derechos civiles de las personas con discapacidad. Un hito fundamental para ello, fue la aparición de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006), un instrumento internacional que declara que la discapacidad no la tiene la persona, sino que “resulta de la interacción entre personas que tienen deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.

Hoy, hablamos de inclusión, pero buscando trascender hacia un objetivo de convivencia de todas las personas más allá de su condición. El lema “nada sobre nosotros sin nosotros” se erigió como una bandera de empoderamiento de las personas con discapacidad, remarcando que las decisiones sobre ellos mismos, en términos de políticas, leyes y derechos, deben ponerlos en el centro, es decir, hacerlos partícipes necesarios e indispensables. Básicamente, se trata de no decidir por ellos sino con ellos.

En la actualidad, se calcula que alrededor de 1000 millones de personas en el mundo, tienen alguna discapacidad. Y lo que es más crudo aún, un gran porcentaje de ellas, se encuentra en situación de pobreza, marginación, expuesta a violencia, abandono y abuso. La desigualdad y la exclusión sistémica o estructural de las personas con discapacidad sigue sobresaliendo.

En 2015, las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, comprometiéndose a no dejar a nadie atrás en los esfuerzos globales para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente en relación a las personas con discapacidad, hace foco en la participación y liderazgo de las mismas, para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, considerando la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de los ODS. El no dejar a nadie atrás habla de un contrato social global, que exige reconocer y proteger los derechos de las personas con discapacidad, y que se proclama en “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad”. Sin dudas, es un instrumento valioso que busca que la igualdad sea una realidad que alcance a todas las personas y grupos, con el ambicioso objetivo de no relegar a nadie.

La Agenda 2030 nos interpela a pensar la situación actual de las personas con discapacidad, en cuanto políticas públicas, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades, en todos los planos (sanitario, de género, cultural, social, jurídico) y estratos sociales. Esto, no puede alcanzarse sin anteponer y garantizar la libertad de elección, respetando las preferencias y la diversidad, pero, sobre todo, la dignidad humana.

Sin dudas, la mirada sobre la discapacidad ha evolucionado, no obstante, es necesario resolver cómo instrumentar acciones reales y específicas que materialicen la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad.