El tiempo que falta: cuidados, trabajo y desigualdad

Por María Eugenia Gastiazoro

Investigadora Universidad Siglo 21

Directora del proyecto “Articulaciones punitivistas y reparatorias en los discursos sobre géneros y violencias en el campo jurídico (Córdoba)”

Hay una desigualdad que no siempre se ve en los recibos de sueldo ni en las estadísticas de empleo: la del tiempo. Para millones de mujeres y cuerpos feminizados, la posibilidad de trabajar, estudiar, descansar o participar en la vida pública está condicionada por una pregunta cotidiana: ¿Quién se ocupa cuando aparece la necesidad de cuidar?

Diversos informes internacionales advierten sobre esta dimensión. ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas han señalado la importancia de la “autonomía del tiempo” como condición para la igualdad de género, entendida como la posibilidad de decidir sobre el propio tiempo sin que las responsabilidades de cuidado limiten de manera desproporcionada la participación en la vida económica, social y política (ONU Mujeres & UN DESA, 2025).

Una forma simple de entenderlo es el llamado “diamante del cuidado”: cuatro actores sostienen la vida diaria: familias, estado, empresas y comunidad. En la práctica, ese esquema se expresa en escenas conocidas: quién se queda en casa si un hijo tiene fiebre, quién pide permiso para una reunión escolar, quién resigna horas de sueño para cocinar o limpiar, quién sostiene un comedor barrial. Cuando alguno de esos pilares se debilita (por recortes de servicios, exigencias laborales rígidas o falta de redes) la carga no desaparece: se traslada. Y, por mandatos culturales persistentes, suele recaer sobre las mujeres.

Este enfoque permite leer con lente de género algunos cambios recientes del mundo del trabajo en Argentina, especialmente la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Entre otros aspectos, habilita esquemas que pueden extender la jornada diaria y ordenar horas de manera más flexible. El punto es que la “flexibilidad” no impacta igual en todas las personas cuando el cuidado está desigualmente distribuido.

Los datos ayudan a dimensionarlo: la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INDEC, 2021) muestra que las mujeres realizan más trabajo no remunerado (tareas domésticas y de cuidado) y acumulan una carga total de trabajo diaria mayor. En ese contexto, jornadas más extensas pueden convertirse en una barrera concreta para sostener un empleo, capacitarse o incluso conservar la salud física y mental. Lo que se presenta como una ampliación de opciones puede terminar, para muchas, en mayor agotamiento o salida del mercado laboral.

A esto se suma un aspecto clave: la normativa no introduce cambios de fondo en el régimen de licencias parentales. Cuando el sistema legal no promueve la corresponsabilidad desde el inicio —por ejemplo, ampliando licencias de paternidad o diseñando esquemas igualitarios— se refuerza un mensaje implícito: el cuidado “pertenece” a las mujeres. Iniciativas legislativas recientes, como el proyecto “Cuidar en Igualdad” presentado en el marco del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA, 2022), apuntaron justamente a ampliar y reorganizar el régimen de licencias para promover una distribución más equitativa del cuidado desde el nacimiento.

La situación se vuelve más crítica en sectores ya precarizados, como el trabajo en casas particulares, altamente feminizado y con elevados niveles de informalidad. Distintos informes de organismos y organizaciones sociales señalan que se trata de uno de los sectores laborales con mayores niveles de empleo no registrado en el país. Sin políticas que fortalezcan la registración y la protección social, la desigualdad de tiempo y de ingresos se consolida en el lugar donde más cuesta revertirla: en los márgenes del mercado laboral.

El debate de fondo no es abstracto. Se juega en la vida diaria: tiempo para llegar a fin de mes sin destruir la salud; tiempo para criar sin renunciar a un proyecto propio; tiempo para estudiar, descansar y vivir. Una agenda de igualdad necesita leyes y políticas públicas que reconozcan que el cuidado es un derecho y una responsabilidad social, no una carga individual invisibilizada.

Nota realizada en el marco del proyecto de investigación “Articulaciones punitivistas y reparatorias en los discursos sobre géneros y violencias en el campo jurídico (Córdoba)”.